10 abril 2013

Colectivos urbanos armados, ¿un peligro latente para Venezuela?

Las paredes del barrio 23 de enero están pintadas con la cara de Chávez. (Foto EFE)

Dpa

A unos 15 minutos del Palacio presidencial de Miraflores está el barrio 23 de Enero, en el oeste de Caracas. Una calle sube aún más en el cerro pero que pocos se animan a cruzar. Por encima un arco anuncia: "Bienvenido Colectivo La Piedrita".

Se trata de una especie de frontera que marca el ingreso a una zona gobernada por uno de los colectivos armados más famosos de Venezuela: "Debo haber pasado hacia allá dos veces en mi vida", dice Felix, un taxista que hace 50 años que vive en 23 de Enero pero no se anima a cruzar del otro lado.

"Los colectivos son grupos paramilitares de izquierda con el aval del gobierno, que no hace nada ante ellos", dijo a la agencia dpa el director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León.

"Durante años el gobierno se ha dedicado a dar armas a grupos proclives, ahí entran los colectivos. Los policías no pueden ingresar al 23 de Enero. Mientras, salen fotos con niños 8 años con AK-47 al lado de un diputado", señaló, en referencia a unas imágenes que generaron polémicas en los medios hace poco más de un año.

Briceño León define a los colectivos urbanos como "brigadas de choque que en momentos puede utilizar el gobierno" y se alarma por el riesgo que representan: "Cuando tienes un arma y una moto y te parece insuficiente lo que te dan de dinero decides que tienes que hacer un dinero extra y se pasa al delito común".

En las calles del 23 de Enero hay paredes pintadas en favor del fallecido presidente Hugo Chávez y otras de La Piedrita. Sobresale un enorme grafiti de Jesús sosteniendo en sus manos la Constitución y a su lado la Virgen de Coromoto con un rifle, patrona de Venezuela.

En el 23 de Enero hay 57 edificios con 150 departamentos que fueron construidos en la época del gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958). Alrededor hay tres docenas de edificios más pequeños y el resto son casas que invadieron la zona en los últimos 50 años, trepando los cerros y eliminando lo que fueron espacios verdes.

Cuando cayó la dictadura, se decía que en esta zona se alojaban los comunistas y los sectores de izquierda. Ahora, allí no entra la policía nacional porque no tiene jurisdicción y todo es controlado por los colectivos.

Poder Ciudadano realizó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos en torno a cinco colectivos armados (La Piedrita, Montaraz, Simón Bolívar, Los Tupamaros, Alexis Vive) que "públicamente habían exhibido armas de guerra sin la respuesta de punibilidad, averiguación penal o algún tipo de apertura de juicio".

"Es decir, veíamos como estos grupos armados estaban aceptados por el Estado, al margen de la ley, afectos ideológicamente al proyecto que lideraba Chávez", dijo a dpa la directora de la ONG, Rocío San Miguel.

"¿De dónde provienen las armas que utilizan? Por acción u omisión por responsabilidad de las Fuerzas Armadas. No existe un registro de todas las armas que produce el Estado. Hay faltantes y podrían estar alimentando el circuito de armas ilegales para grupos armados al margen de la ley", señaló.

San Miguel destacó que los cinco colectivos denunciados funcionan en trece kilómetros alrededor de Miraflores, razón por la que se los llama "Los custodios de la Revolución".

El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, dijo a dpa que los colectivos armados "ejercen un control paramilitar ante la ausencia policial, ejercen una autoridad y se nutren de puntos de peaje cobrando dinero".

"Controlan a los grupos delincuenciales, probablemente controlan el microtráfico de drogas de la zona y evitan que hayan mayores conflictividades", dijo e indicó que "una tarea que tiene el gobierno que asuma es eliminar estos grupos porque se trata de un tema de seguridad nacional".

"Estos colectivos tienen sus líderes que pueden o no responder a un liderazgo político. Se ha visto que hay vínculos de esos líderes y algunos líderes de la revolución", sostuvo Cedeño.

"Los colectivos tienen que tener recursos para financiarse. Podría venir del Estado, que apoya a los colectivos en general, porque también están los colectivos culturales. No quiero decir que los recursos que el gobierno le da a los colectivos se usan para comprar armas. Simplemente digo que hay colectivos que se desvían para tener funciones policíacas y militares", explicó el sociólogo.

Para Cedeño, el riesgo de los colectivos pasa porque son personas que "atentan contra la seguridad nacionalidad teniendo armas de guerra. Pueden o no estar controlados por el gobierno pero están fuera de la ley, eso está claro".

El analista político John Magdaleno cree que en el chavismo "hay conciencia" de la peligrosidad de los colectivos armados: "Tienen su actuación a la libre sin ninguna capacidad de control por parte de las autoridades".

"Creo que hay conciencia de la imagen negativa que les procura. Es una manera de quitar legitimidad a sus relatos. El problema es cuánta capacidad de control tienen las autoridades sobre esos grupos, ese es la cuestión de fondo. No siempre está muy claro que hay capacidad de control absoluto sobre estos grupos", dijo a dpa.




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