Las autoridades sanitarias de Chile informaron este jueves que en las últimas 24 horas se registraron nueve nuevas muertes por COVID-19, el peor dato desde que llegó la pandemia al país y lo que eleva la cifra total de fallecidos hasta 57.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó en su rueda de prensa diaria que siete de los fallecidos eran personas de muy avanzada edad con enfermedades previas y que el número de contagiados ascendió hasta los 5 mil 972, tras detectarse 426 nuevos casos en las últimas 24 horas.
Desde que se detectó el primer contagio en Chile del nuevo coronavirus el pasado 3 de marzo, ya se han recuperado mil 274 pacientes y actualmente hay 360 personas en unidades de tratamientos intensivos, 54 de ellos en «condición crítica», apuntó el ministro.
Esperamos que siga un aumento discreto en las próximas semanas, agregó Mañalich, quien dijo además que en las últimas horas se ha incrementado el número de exámenes y que se rozan los 8 mil diarios.
Chile se encuentra bajo el estado de excepción por catástrofe, con toque de queda desde las 22.00 horas, con las clases suspendidas hasta mayo y con las fronteras, los centros comerciales, los cines, los restaurantes y los comercios que no sean de primera necesidad cerrados.
Los expertos esperan que el pico de contagios se dé entre finales de abril y principios de mayo, lo que ha obligado a postergar el histórico plebiscito constitucional que estaba previsto para el 26 de abril y que estaba llamado a calmar las graves protestas sociales contra la desigualdad que estallaron el pasado octubre.
El Gobierno chileno ha descartado decretar la cuarentena obligatoria en todo el territorio, como han hecho otros países vecinos con menos casos como Argentina, Colombia y Perú, y se inclina por una «cuarentena progresiva y específica», lo que significa que va confinando o liberando a distintas ciudades y barrios en función del número de contagios por metro cuadrado.
Hasta la fecha se mantiene la cuarentena en seis comunas de Santiago, además de otras zonas del país como Chillán, Osorno, San Pedro de la Paz o Temuco, unas medidas que afectan a casi dos millones de personas de una población total de 18.
El Gobierno chileno puso en marcha esta semana un plan de control en las carreteras de salida de la capital para evitar que la población se mueva a sus segundas residencias con motivo de la Semana Santa: «Va a ver una fiscalización muy estricta en las segundas viviendas», añadió el ministro al respecto.
Mañalich anunció además que en las próximas semanas se entregarán «carnés de alta» para que aquellas personas que ya han superado el virus puedan liberarse y «jugar un rol muy importante en las comunidades porque están inmunizados».
