27 enero 2011

Más de 95% de los homicidios se cometen con arma de fuego

Daniel Pabón

Valencia, enero 26 (REDACTA).- Criminólogos y policías cuentan que, en el barrio, el "hierro" es visto como una suerte de "santo protector". Preocupado por la alta disponibilidad para la sociedad civil del instrumento de trabajo del hampa por excelencia, el director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, refiere que más de 95 por ciento de los homicidios que enlutan el país son perpetrados con armas de fuego cortas.

Para más especificidad, ocho de cada diez son asesinados con una 9 milímetros. "El arma que se utiliza con mayor frecuencia en delitos y homicidios en Venezuela, es casualmente la misma que emplean los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional".

El desconocimiento de cuántas armas ilegales (y legales) andan por el territorio es, precisamente, parte del problema. En septiembre pasado causó revuelo una aproximación, pese a su amplio margen. Según el entonces presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Juan José Mendoza (PSUV), entre 9 y 15 millones de pistolas y revólveres legales e ilícitos están en poder de la población civil.

El activista de derechos humanos Rafael Narváez coincide con la cifra, más conservadora, de 6 millones de armas que años atrás difundió Amnistía Internacional, de las cuales 75 por ciento carecía de registro. "Si lo que dijo ese diputado es verdad, es sumamente grave. Pero lo cierto es que no hay un banco confiable de datos sobre cuántas son". Según el especialista, el año pasado el Darfa (encargado de expedir los permisos) habría contabilizado 500 mil portes de arma y 1 millón 500 mil solicitudes.

Se alquila

Grupos focales e investigaciones cualitativas han permitido conocer a los promotores de Paz Activa que un arma es, en zonas populares, un producto de fácil acceso que incluso se ofrece en alquiler. Como en esto, Cedeño lamenta que tampoco haya control de la fábrica y venta de municiones.

¿Qué hacer? Narváez, presidente de la ONG Defensa por los Derechos Civiles, responde sin titubeo que hay que eliminar las armerías. "¿Cómo es posible que sigan funcionando con una complicidad de su fabricante Cavim, si se está tratando de eliminar el porte de armas?", cuestiona, antes de mostrarse de acuerdo con desarmar a la población civil y carcelaria.

Por radical que parezca, Cedeño también es de los que piensan que lo ideal sería un desarme total de la población: Que no exista el porte de armas ni siquiera legal; que sea de uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada, elucubra en un escenario ideal.

En manos comunes

A los antisociales los desarma la policía pero, ¿quién hace lo propio con los civiles? "El gran grueso de las armas que circulan ilegalmente está en manos de ciudadanos comunes. No hay ocho millones de delincuentes en el país. Hay un número no definido de personas que tienen armas de forma ilícita y que creen que los van a defender", asevera Cedeño.

Y es que hay trecho largo entre la percepción del portador y las estadísticas: un ciudadano común, armado legal o ilegalmente, tiene diez veces más posibilidades de morir con el instrumento en mano, que sin él.

El sociólogo y titular de Paz Activa plantea un esquema de desarme, basado en tres preceptos además de la educación ciudadana: que la entrega sea voluntaria, que se garantice el anonimato y la amnistía legal (la no persecución si el aparato tuviera antecedentes) y su destrucción inmediata y pública y no de acuerdo con una indemnización; precepto incumplido de la legislación vigente en la materia.

Desarme en la gaveta

La Ley para el Desarme (20 de agosto de 2002) define un arma de fuego ilegal como la que no esté registrada en la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional. Quien porte una sin haber dado cumplimiento a lo previsto en su artículo 14, será sancionado con una multa de 1.300 bolívares (veinte unidades tributarias), además de la retención temporal del equipo.

Portar un arma de manera legal requiere trámites como el Registro Balístico, que permite a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares insertar el armamento recién comprado en una base de datos. También contempla un curso básico de manipulación y pasar un examen psicológico.

Después de aprobarlo en primera discusión el 29 de enero de 2010, la pasada Asamblea Nacional congeló las discusiones de un nuevo proyecto de Ley de armas, explosivos y municiones. El engavetado texto prevé limitar el porte a una sola arma por persona, con derecho a comprar únicamente 50 municiones al año. La propuesta, de 159 artículos, eleva la edad mínima para obtener una licencia a 25 años, y establece penas por porte ilícito de entre 10 y 12 años de prisión.

"Lo paralizaron porque tienen temor de desarmar a una población a la que el Estado le dio muchas armas de fuego", fustiga Rafael Narváez, también ex parlamentario y abogado en procesal penal de la UCV. Refresca que hace unos años el delincuente solía amedrentar con el arma, pero se limitaba a robar celulares, carteras, motos y carros. "Cada vez es más frecuente que actúe con saña, alevosía, odio y resentimiento y descargue cinco o más balazos sobre la humanidad de la víctima".

68% más recursos a defensa militar que a seguridad y orden público

El presupuesto 2011 de la Nación asciende a 204 mil 208 millones de bolívares fuertes. Para defensa nacional (Fuerza Armada, compra de armas y gasto militar) están destinados 7 mil 417 millones de bolívares, 68 por ciento más que los 2 mil 354 millones dedicados a seguridad interna y orden público (beneficio directo a las comunidades).

De los proyectos de seguridad ciudadana, los recursos para la Policía Nacional se llevan al menos tres cuartas partes de la torta con una asignación de mil 692 millones, mientras que otros 450 millones irán a investigación y 40 millones más a formación, según datos presentados en octubre por la ONG Transparencia Venezuela.