El Gobierno de Nicolás Maduro está reactivando «la modalidad más violenta de represión», con una nueva ola de detenciones a opositores acusados de supuestas conspiraciones, indicó este miércoles la Misión de la ONU para Venezuela.
La presidenta de la misión internacional independiente, la portuguesa Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo informe sobre abusos cometidos por el Gobierno venezolano desde 2023. Destacó que «las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas».
En este periodo, indicó, se ha pasado de una fase menos represora de la oposición, en la que el régimen de Nicolás Maduro se limitaba a crear «un clima de temor e intimidación», a un periodo más violento «que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio».
Valiñas resaltó que en enero de 2024 Maduro pidió «activar la Furia Bolivariana». Esto, luego de asegurar que el año anterior se habían desactivado cuatro conspiraciones para asesinarle u organizar golpes de Estado. Fue entonces que la Fiscalía General dio entonces a conocer la conspiración Brazalete Blanco. Una de las más de 30 tramas para acabar con la vida del presidente venezolano, desde que asumió el poder.
En el contexto de la lucha contra esta última conspiración se degradó y expulsó a 33 militares y se detuvo a diferentes críticos con el régimen.
Misión de la ONU recordó a Rocío San Miguel y otras perseguidas
La misión de la ONU recordó a los líderes de campaña del partido Vente Venezuela, de María Corina Machado). También a defensores de derechos humanos como Tamara Suju, Sebastiana Barráez o la hispanovenezolana Rocío San Miguel.
Valiñas subrayó que San Miguel, detenida el 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía sin orden judicial, estuvo en paradero desconocido durante cinco días. «Hasta que las autoridades informaron de que se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la misión».
También recalcó que ese mes, poco después de que tanto la misión de la ONU, que preside, expresaran su preocupación por San Miguel, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la misión y dio a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país.
La jefa de la misión agregó que junto a San Miguel han documentado casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas. Todas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en conspiraciones para derrocar al Gobierno.
La misión de la ONU está conformada, además de Valiñas, por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappat.
Unas elecciones en entredicho y el acuerdo de Barbados
Valiñas en su análisis la firma en Barbados del acuerdo entre Gobierno y oposición para que ésta pudiera concurrir a las elecciones. Pero acciones posteriores pusieron en evidencia las dificultades para su puesta en práctica.
La presidenta de la misión de la ONU puso como ejemplo la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de las primarias de la oposición del 22 de octubre. La contienda fue ganada por amplia mayoría por María Corina Machado, a quien luego le fue ratificada su inhabilitación política de 15 años, por el mismo ente judicial.
«Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», subrayó Valiñas.
También llamó la atención sobre las órdenes de detención contra 14 personas, entre ellas destacados líderes opositores como Juan Guaidó y Leopoldo López. Son vinculados con una conspiración contra el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba, celebrado el 3 de diciembre.
Protesta de Venezuela a informe de la Misión de la ONU
La delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU rechazó una vez más las conclusiones de la misión. Incluso intentó tumbar la legitimidad de ésta, creada en 2019 por el propio consejo para investigar abusos de derechos humanos en el país.
«Estados Unidos, el mayor violador de derechos de toda la historia, la Unión Europea y el fracasado Grupo de Lima diseñaron este mecanismo (la misión) con el propósito de aplicar la máxima presión sobre Venezuela, manipulando los instrumentos y fines de este Consejo», aseguró un representante de la delegación en Ginebra.
«Pretenden revestir como verdades absolutas todas las barbaridades fabricadas contra Venezuela sin verificación ni prueba sostenible», agregó en alusión al trabajo de una misión que a su juicio «apela a fuentes anónimas e incluso inventadas».
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