La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves que tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la disputa que Venezuela tiene en La Haya con Guyana por los 160.000 kilómetros cuadrados de territorio situados al oeste del río Esequibo, en un golpe a Caracas, que había intentado que se considerase inadmisible este caso.
La CIJ rechazó de forma unánime los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro, que expuso varias razones en sus alegatos escritos y orales para solicitar a la Corte que resuelva y declare que las pretensiones de Guyana son inadmisibles, mientras que Guyana había pedido rechazar las excepciones preliminares de Caracas y pasar al fondo del caso.
¿Reino Unido excluido del caso?
El principal órgano judicial de Naciones Unidas rechazó, además, que el Reino Unido tenga obligación de tomar parte de este caso, en contra de la consideración de Caracas, que vio a Londres como una parte necesaria en la validez del Laudo del Tribunal Arbitral de 1899, en el marco de la disputa territorial que mantienen ambos países por la región de Esequibo.
El Gobierno de Guyana, una antigua colonia británica, había pedido a la CIJ que se concentrara en la validez del laudo para resolver este conflicto.
Venezuela sostenía que la CIJ no tiene jurisdicción para escuchar la postura de Guyana pero, tras determinar el tribunal hacerlo, pidió a la Corte que dictamine que no puede escuchar el caso porque el Reino Unido no fue partícipe de dicho procedimiento.
Además, había instado al Reino Unido a dar la cara por el despojo de la región de Esequibo y afirmó que el laudo arbitral de 1899, al que Guyana busca que se le dé validez, se adoptó cuando este país ni siquiera existía como República, ya que era una colonia británica en esas fechas.
La disputa en La Haya
El pasado 17 de noviembre, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó a La Haya para defender a Caracas en esta disputa con Guyana y advirtió de que su país es el único heredero histórico indiscutible de los territorios en cuestión.
“El origen de estos derechos es la consecuencia histórica, legal y política de su sucesión al título en poder de España y el nacimiento de nuestra república. Venezuela respeta y aprecia a la CIJ como principal órgano judicial de la ONU y sigue pensando que esta Corte no tiene jurisdicción sobre este caso, pero demostraremos que la solicitud de Guyana es inadmisible”, añadió.
El agente de Guyana, Carl Greenidge, lamentó que la participación de Venezuela en este proceso tome forma de objeciones preliminares tardías que buscan prevenir o retrasar la determinación de los reclamos de Guyana.
“Es una disputa de larga data (…) Ha costado una sombra larga y amenazante sobre la seguridad y el desarrollo de Guyana a lo largo de su existencia como Estado soberano, una sombra arraigada en los esfuerzos de Venezuela por borrar la frontera terrestre de larga data entre nuestros países y reclamar casi tres cuartas partes del territorio terrestre de Guyana”, dijo Greenidge, que aseguró que la resolución del conflicto es “existencial” para su país.
Orígenes
En 2018, Guyana, una antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre la región del Esequibo y el año pasado presentó sus argumentos para dar validez al laudo arbitral de 1899.
En junio pasado, el Gobierno venezolano presentó sus objeciones preliminares ante la CIJ como una forma de procurar que la demanda no sea admitida por carecer de elementos esenciales para conformar un debido proceso.
Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el acuerdo de 1899 es nulo y sin efecto debido a que afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio de la Guayana Esequiba, como la llama el Gobierno venezolano.
El pasado 17 de febrero, Venezuela ratificó la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que cumple 57 años, como el único marco jurídico que reconocen para la resolución del laudo arbitral de 1899, usado por Guyana como argumento en el litigio, al considerar que se trató de un fraude que facilitó el despojo de este territorio por parte de Reino Unido.
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
