Venezuela se propuso terminar la construcción del que será el puente más largo del país y el segundo de América Latina, la cual fue abandonada por la empresa brasileña Odebrecht. Para lo que las autoridades realizaron este martes una inspección de la estructura inconclusa.
Se trata del tercer puente sobre el río Orinoco, una obra de unos 11 kilómetros con un avance calculado en un 60 %. Principalmente en las fases «más difíciles», como la construcción de pilotes y estructuras para el transporte ferroviario de carga y la circulación de vehículos, según el Gobierno.
«En el estado Bolívar (sur), hemos hecho un seguimiento y un inventario completo de todo lo que está fabricado y construido del tercer puente sobre el río Orinoco», dijo en X el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, quien no precisó el plazo fijado para la culminación de esta obra que -afirmó- tiene una «importancia estratégica» para el país.
En un video publicado en esa red social, el funcionario llamó a los empresarios del sector a sumarse al proyecto con el fin de elaborar un plan de acción que pueda ponerse en marcha en «un tiempo prudencial».
Maduro recordó que el puente estaba en manos de Odebrecht
Este lunes, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que, inicialmente, «se le había dado la responsabilidad» de este proyecto a Odebrecht, que luego «entró en una crisis, colapsó y abandonó todas sus obras en Venezuela».
«De un día para otro, abandonaron todas las obras que estaban contratadas y que se había avanzado con adelantos en pagos. Odebrecht tiene una deuda gigantesca con la República Bolivariana de Venezuela», expresó el jefe de Estado, quien, en marzo de 2018, dos meses antes de las presidenciales de ese año, había asegurado que las obras inconclusas de Odebrecht serían terminadas.
De acuerdo con la cartera de Transporte, la construcción de este puente se inició en 2006, bajo el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
Según documentos revelados por el Departamento de Justicia de EE.UU. el 21 de diciembre de 2016, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
De acuerdo con esos documentos, los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos» en ese grupo de naciones, entre ellas Venezuela.
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