Expresidente peruano Toledo
Expresidente Alejandro Toledo. Foto archivo: Cortesía BBC/ Manuel Medir

El juez Richard Concepción citó para el próximo 25 de marzo al expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) a una audiencia en la que evaluará el pedido fiscal de 35 años de cárcel por lavado de activos, a raíz de los presuntos sobornos de la firma Camargo y Correa, según informó este martes el Poder Judicial.

La audiencia preliminar de control de requerimiento mixto se realizará en forma presencial para Toledo y los otros denunciados Avraham Dan On, Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font y el exrepresentante de la constructora Camargo y Correa en Perú, Marcos De Moura, por parte del magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

El juez Concepción evaluará el requerimiento fiscal donde se formaliza acusación para Toledo y otros por lavado de activos y colusión, referidos al caso Carretera Interoceánica Sur – Tramo 4, precisó el Poder Judicial en su cuenta de la red X (antes Twitter).

Además, el magistrado evaluará el pedido de sobreseimiento (suspensión del proceso) de la fiscalía para el fallecido testaferro de Toledo, Josef Maiman Rapaport, y su hermana Michele Maiman Rapaport.

Expresidente peruano Toledo

Actualmente, Toledo, de 77 años, está recluido en el penal de Barbadillo, al este de Lima, después de su extradición de Estados Unidos, el año pasado, para ser procesado por lavado de activos por varios casos vinculados a los millonarios sobornos presuntamente cobrados a las firmas brasileñas Odebrecht y Camargo y Correa para adjudicarles la construcción de diferentes tramos de la carretera Interoceánica.

Después de la audiencia preliminar de control, el magistrado puede dar inicio formal al juicio oral contra el ex mandatario, pero debido a que este caso no está incluido en la extradición, la justicia peruana debe pedir una ampliación a los tribunales de Estados Unidos para poder sentenciarlo.

En forma paralela, a Toledo lo procesan por el caso Ecoteva junto a su esposa Eliane Karp por la presunta compra de bienes inmuebles en Lima con fondos transferidos irregularmente por Odebrecht a una empresa creada en Costa Rica.

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