El defensor por los derechos civiles, Rafael Narváez, condenó la persecución política reflejada en detenciones e inhabilitaciones de opositores que, según su apreciación, demuestran una conducta antielectoral por parte del Gobierno.
El Ministerio Público acusó de “incitación al odio” a cuatro activistas detenidos recientemente, luego de participar en una actividad en La Guaira en apoyo a la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia.
Además, González Urrutia denunció la inhabilitación de 10 alcaldes opositores de Nueva Esparta y Trujillo.
Narváez consideró en un comunicado que los alcaldes son víctimas de inhabilitaciones exprés, sin la existencia de un procedimiento administrativo y sin el derecho a la defensa, en unos casos que una vez más vulneran el “ya maltratado debido proceso”.
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También repudió la detención de los activistas por “el hecho de expresar su derecho de opinión y participar en el ambiente electoral” de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio.
“Estamos en presencia de una conducta antielectoral por parte del Estado. Se desconoce que Constitución está en ejecución, es la aprobada y refrendada por el pueblo en el año 1999 u otra que sirve para violar en forma sistemática los derechos civiles y políticos de los que piensen distinto”, expresó el también exparlamentario.
Además, el abogado Narváez exigió al Consejo Nacional Electoral informar sobre los lugares de votación a electores que han sido reubicados sin consulta.
“El CNE debe dar muestras de imparcialidad y no seguir permitiendo el descarado ventajismo que le ha concedido al candidato oficialista (el presidente Nicolás Maduro)“.
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