elecciones transparentes
La alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto Cortesía El Nacional

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este martes en un debate sobre la situación de Venezuela que el país celebre unas elecciones presidenciales «transparentes, inclusivas y participativas», el próximo 28 de julio

Asimismo, solicitó que se permita que sus trabajadores expulsados en febrero regresen al país.

«Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela. Y fortalecer así nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente», señaló en relación con esa expulsión la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Las autoridades venezolanas obligaron a trece empleados de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a salir de Venezuela. El propio presidente, Nicolás Maduro, los acusó de espionaje y conspiración.

Pese al tenso momento de relaciones entre la ONU y el Gobierno venezolano Al-Nashif aseguró que ha habido cambios positivos en el país. Pero «queda mucho por hacer». La oficina inició sus operaciones en 2019, encabezada por la expresidental chilena Michelle Bachelet.

Destacó que en 2023 no se registró, como había sido el caso antes, el innecesario o desproporcionado uso de la fuerza contra manifestantes. Pero sí se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias, entre otras represalias, a algunos participantes en esas protestas.

También denunció que defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas por parte de las autoridades venezolanas. Citó los casos de los perseguidos activistas Javier Tarazona, fundador de la organización Fundaredes. Además, la detención de la Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.

El acuerdo de Barbados esencial para unas elecciones transparentes

La «número dos» de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también manifestó la preocupación por las detenciones, intimidaciones y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición.

En ese sentido, Al-Nashif subrayó como un paso adelante la firma en octubre de 2023 de los Acuerdos de Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática, pero hizo un llamamiento a que «se apliquen plenamente de buena fe».

En virtud de esos acuerdos, recordó, se liberó a 34 personas, pero «la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales».

Desapariciones forzadas y “casos que pueden constituir tortura”

Al-Nashif agregó que desde enero de 2023 la oficina de la ONU ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad.

«Permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas», agregó la responsable de Naciones Unidas. También lamentó que las autoridades venezolanas ocultaran estas detenciones. Posteriormente presentaron cargos contra los arrestados por presunta conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición o lavado de dinero.

La alta comisionada adjunta también indicó que la oficina ha recibido denuncias de malos tratos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia que en algunos casos podrían constituir tortura.

«Es especialmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana», afirmó.

Sanciones y elecciones transparentes

Al-Nashif también subrayó que las sanciones internacionales contra Venezuela exacerban los problemas preexistentes del país. «Han tenido un impacto negativo desproporcionado en la población», por lo que reiteró el llamamiento de la oficina de la ONU a que sean anuladas.

En respuesta a esta presentación, la delegación de Venezuela ante el Consejo dijo que este informe ha sido patrocinado por países acostumbrados a intervenir en los asuntos internos de los países, en lugar de optar por «un diálogo genuino y la cooperación».

Sobre el eventual retorno del personal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, dijo que se han mantenido conversaciones con esta instancia para «vislumbrar en el tiempo y en el momento que sea oportuno un nuevo proceso de cooperación técnica, sin injerencias ni parcialización política».

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