La organización Defiende Venezuela reveló irregularidades en las investigaciones sobre muertes en el marco de las protestas masivas de 2017 en el país y la participación de colectivos, luego de conocer el testimonio de familiares y analizar los casos de 12 jóvenes víctimas.
En el informe “Patrones e irregularidades en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas en Venezuela”, la organización denunció que ciertos grupos civiles se involucraron en las protestas masivas mientras el sistema de justicia omitió investigar a fondo.
La identificación se dio con el análisis de los casos de: Daniel Quéliz, Yoinier Peña, Miguel Castillo, Diego Arellano, Augusto Puga, Manuel Sosa, Neomar Lander Fabián Urbina, Roberto Durán, Yaneth Ángulo, Leonardo González y Eduardo Orozco, víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
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Características
La realización de investigaciones penales deficientes; protocolos de autopsia insuficientes desde la perspectiva del Protocolo de Minnesota; y la inexistencia de investigaciones que pudieran determinar la posible responsabilidad penal de los superiores, a pesar de la existencia de suficientes elementos confiables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, son las características más relevantes relacionadas con los casos según organización.
Los organismos de seguridad del Estado son cómplices
El informe de Defiende Venezuela describió como organismos de seguridad del Estado y el ente encargado de la investigación penal, no le dan a los familiares y representantes jurídicos acceso a los expedientes con información de los casos. “Lo que genera una omisión o poca transparencia de la información, un retardo procesal y un vacío legal que a su vez genera impunidad”.
En el texto se evidenció también que el Estado impulsó estrategias informales en las que ofreció pequeñas cifras de dinero a las víctimas para obtener su silencio. También se menciona a las víctimas indirectas quienes reciben maltratos, intimidación y amenazas de los cuerpos policiales, que para tergiversar la opinión de los testigos amedrenta.
Realidad del sistema de justicia
Defiende Venezuela concluyó que entre los 12 casos que documentó no hubo la intención de investigar la responsabilidad penal de los superiores involucrados y que en la mayoría el Estado intentó criminalizar a las víctimas por conductas indebidas o delictivas y de tergiversar evidencias.
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Además, las fuerzas de seguridad y órganos de investigación fomentaron la impunidad en los 12 casos al actuar con desapego al ordenamiento jurídico, lo que generó desconfianza de las víctimas indirectas ya que: “muestra la inexistencia de un sistema de administración de justicia, adecuado, eficiente, independiente e imparcial, que responda ante las violaciones de derechos humanos”.
“Exigimos que se investiguen a profundidad estos hechos, se puedan sancionar a sus responsables y reparar y otorgar garantías de no repetición a los familiares de las víctimas. Además, adoptar medidas dirigidas a frenar y erradicar las prácticas de ejecuciones extrajudiciales en el país” agregó la organización.
Quienes deseen leer el informe pueden hacerlo en Defiende Venezuela.
Con nota de prensa
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