Rusia ha deportado en lo que va de año a más de 30 mil extranjeros, prácticamente el doble que, durante el mismo período de 2023, dentro de las medidas tomadas para controlar la inmigración que se intensificaron tras el atentado contra una sala de conciertos de Moscú perpetrado por yihadistas.
«En total, desde principios de año del país fueron expulsados más de 30 mil ciudadanos extranjeros, casi dos veces más que el año anterior», informó en Telegram la portavoz del Ministerio de Interior ruso, Irina Volk.
Además, indicó, la policía rusa «impidió la entrada de 100 mil extranjeros. Es un 55% más que el año pasado».
Volk anunció el fin de la primera etapa de la operación anual «Ilegal 2024», que duró una semana, con el fin de «neutralizar tendencias negativas en la esfera migratoria, intensificar el control de los flujos migratorios y afrontar las violaciones en ese terreno».
Rusia deporta a más de 30 mil extranjeros
En el marco de esta operación «los agentes de la policía abortaron más de 50 mil violaciones de las leyes migratorias».
En particular, la policía deportó a cerca de 9 mil extranjeros, impidió la entrada de más de 11 mil personas y abrió causas administrativas contra más de 6 mil empleadores «sin escrúpulos» por contratar ilegalmente a extranjeros.
Además, se incoaron cerca de 2 mil causas penales por organizar migración ilegal y por expedir documentos migratorios ficticios.
«El ministerio junto a otras entidades del poder ejecutivo de Rusia continúa incrementando los esfuerzos para frenar la migración ilegal y el empleo ilegal de migrantes, para detectar y expulsar de nuestro país a los ciudadanos extranjeros que representan una amenaza al orden y la seguridad de la sociedad», añadió.
Tras el atentado contra la sala Crocus City Hall, cometido en marzo por cuatro tayikos y donde murieron 145 personas, Rusia ha apretado las tuercas a la migración, incluso al precio de entrar en conflicto con Tayikistán y Kirguistán, dos de los países que más inmigrantes laborales tributan.
Según las estadísticas, todos los años llegan a Rusia alrededor de cuatro millones de migrantes laborales, la mayoría procedentes de Asia Central.
El presidente ruso, Vladímir Putin, considera prioritario contener el flujo de inmigrantes ilegales, para lo que propuso cambiar «radicalmente» la actual política migratoria y defendió «el principio de que solo pueden venir a vivir y trabajar en Rusia aquellos que respeten las tradiciones, el idioma, la cultura y la historia» del país.
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