Mediante un comunicado, la mayor coalición de partidos opositores, la Plataforma Unitaria, denunció este jueves nuevas inhabilitaciones, arrestos y órdenes de captura contra sus miembros, en medio de la campaña para la elección presidencial del 28 de julio.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, “ante la creciente avalancha de apoyos que día a día recibe el candidato Edmundo (González) (…) usa la inconstitucional figura de las inhabilitaciones administrativas como una forma de castigar a dirigentes políticos y autoridades (…)”, se lee en el documento emitido por los partidos agrupados en la PUD, difundido en la red social X.
En las últimas horas, la oposición ha contabilizado seis colaboradores de la campaña detenidos, una orden de captura por la justicia y 10 alcaldes inhabilitados.
En lo que va de año, al menos 37 dirigentes y líderes políticos cercanos a la campaña de la oposición han sido detenidos, dijo el lunes la líder de la campaña María Corina Machado, en rueda de prensa, donde denunció “persecución” y criminalización de la actividad electoral.
Una cuestionable práctica en medio de la campaña presidencial
En el comunicado, el grupo hace un recuento de las detenciones y suma el arresto de Jonnhy Liscano, alcalde en el estado Táchira, y la orden de captura contra Rigoberto Ovallos, también alcalde en Táchira.
El miércoles, la fiscalía imputó por «incitación al odio» a cuatro colaboradores de González, principal rival de Maduro, que busca la reelección y proyectarse a 18 años en el poder.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó en la red social X que Luis López, Juan Iriarte, Jean Carlos Rivas e Ismael González fueron «imputados y privados de libertad (…) por los delitos de incitación al odio y asociación».
Según Saab, durante un acto de campaña en La Guaira a inicios de junio, los acusados «se dirigieron agresivamente al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (…) donde intentaron ingresar mediante el uso de la fuerza con la intención de crear lesiones a los efectivos».
Este jueves, más temprano, Edmundo González en conversación con la VOA tildó de “arbitrarias” las acciones del gobierno. “Es una arbitrariedad que no contribuye al clima de paz que debe haber en un proceso electoral”, respondió.
Inhabilitaciones
Las inhabilitaciones alcanzan a ocho alcaldes en el estado Trujillo, en el suroeste del país: Heriberto Tapia (municipio Motatán), José Carrillo (municipio Urdaneta), Dilcia Rojas (municipio Campo Elías), Keiver Peña (municipio Sucre), Cervando Godoy (municipio Márquez Cannizales), Wilmer Delgado (municipio Monte Carmelo), Yohanthi Domínguez (municipio Carache) y Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello).
En el estado Nueva Esparta, al norte del país, los alcances inhabilitados son Iraima Vásquez (municipio Tubores) y José María Fermín (municipio Villalba).
Según el sistema de la Contraloría General de la República (CGR), los alcaldes están inhabilitados para ejercer cargos públicos por 15 años.
“¿No es que no me tienen miedo? Qué manera de enterarme de una decisión que no pasó por ninguno de los canales regulares. ¡Una barbaridad!”, escribió el alcalde Heriberto Tapia, de Motatán, junto a la captura de pantalla de la publicación del CNE.
La inhabilitación es una frecuente y vieja arma del gobierno para sacar del camino electoral a sus rivales.
El compromiso permanece inalterable
En todo caso, el grupo opositor asegura que “esto en nada afecta el compromiso de cambio, sino por el contrario, lo consolidan”.
“Exigimos que se respete el acuerdo de Barbados y que se otorgue la libertad plena de todos los presos políticos porque hacer política e informar no es un delito”, siguió el comunicado.
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